La falta de transparencia en la relación entre el Estado y las universidades nacionales ha permitido gravísimos abusos en los últimos años
Entre las muchas irregularidades que caracterizaron a la gestión kirchnerista, es necesario investigar debidamente las vinculadas con la presuntos hechos de corrupción en la administración de fondos públicos derivados a universidades nacionales.
Todo comenzó con el dictado del decreto de necesidad y urgencia 204/2004, por el cual el entonces presidente Néstor Kirchner reformó el Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional con la finalidad de permitir la contratación directa con las universidades nacionales. Sostuvo que las casas de estudio son entes de reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas, lo cual hace de ellas un calificado recurso no sólo para abordar las tareas de asesoramiento que requieren las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, sino también para las distintas contrataciones que realiza el Estado.
El argumento sonaba convincente, en aquel momento. El problema no radicaba en la razonabilidad de la justificación, sino en las modalidades que se utilizaron para alterarlo. La discusión fue y es sobre las finalidades impropias con las cuales se empleó el mecanismo de contratación directa.
Las universidades nacionales funcionaron, en muchísimos casos, para canalizar recursos sin ningún control.
