Luego de que el Gobierno eliminara el servicio de agua potable como derecho humano, médicos infectólogos y la ONG Fundación Plurales alarmaron sobre mayores riesgos en los sectores más vulnerables.
Según el último censo nacional, más de un millón de personas en Argentina no dispone de agua potable en su vivienda. Esa limitación se acentúa en las comunidades rurales del norte del país y, para los infectólogos Pablo Bonvehi y Martín Hojman, se agravará a partir de la sanción del nuevo Código Civil, que eliminó el acceso a este recurso hídrico como derecho contemplado en la jurisprudencia nacional.
“No tener acceso al agua potable para consumo e higiene personal, cocción de alimentos y para los servicios sanitarios puede generar enfermedades graves como las diarreas agudas, causadas por la bacteria escherichia coli, que si no se atienden de manera correcta y oportuna, ocasionan la muerte del paciente por deshidratación. Y con esta flamante ley, el problema crece”, dijo Bonvehi, jefe de Infectología y Control de Infecciones en CEMIC.
En esa sintonía también se expresó Antonella Vagliente, vocera miembro de la Fundación Plurales y representante de Derechos Humanos en Córdoba: “En un mundo azotado por grandes sequías, escasez de agua y donde ciertas industrias compiten por su uso, que el Código Civil no la considere un derecho de los ciudadanos es cuanto menos preocupante”. Asimismo, denunció que en las comunidades rurales muchas personas, mujeres en su gran mayoría, deben destinar en promedio de entre 4 y 6 horas diarias para acarrear tachos y baldes porque carecen de acceso al agua segura y no disponen de sistemas de almacenamiento confiables en materia de salubridad e higiene.
Las cifras del Foro Mundial del Agua de La Haya revelaron que las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el conurbano bonaerense son las zonas del país con mayor déficit. Sectores que, desde ahora, profundizarán sus condiciones de vida infrahumanas, de acuerdo a la mirada de Vagliente.
Críticas políticas y legales
Las críticas surgieron tras la supresión del artículo 241, que determinaba la responsabilidad del Estado para garantizar este servicio. Ante los reproches, desde el oficialismo argumentaron que ya está contemplado en acuerdos internacionales. Diana Conti, diputada del Frente Para la Victoria (FPV) que copresidió la comisión bicameral redactora del proyecto, fundamentó: “Este derecho humano ya figura en los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución. Por eso se prefirió dejarlo en el marco global constitucional”.
El abogado constitucionalista Gregorio Badeni también cuestionó las modificaciones del Gobierno: "La aprobación de la nueva ley careció de instancias profundas de debate en Diputados y atenta contra derechos fundamentales y estructurales de la democracia. Si bien algunos aspectos son positivos, como el divorcio express, éstos resultan minimizados por otros, como la eliminación del acceso al agua potable como derecho universal, que puestos en dimensión significan un atraso". En la actualidad existe una cuarta parte de la población argentina que carece de este vital servicio.
Mientras tanto, el diputado nacional Hugo Maldonado (UCR-Chaco) presentó un proyecto para que el Código Civil y Comercial considere al agua potable como un derecho. "El problema no es la falta de agua dulce, sino la mala distribución. El agua es un recurso esencial para el desarrollo social y económico del hombre; y en Argentina no está siendo aprovechado", acusó el legislador.
Sin embargo, más allá de los cuestionamientos, hay algo concreto: las normas de este nuevo Código, donde el acceso al agua potable ya no es un derecho, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
Fuente: Diario Perfil
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