Luego de que el Gobierno eliminara el servicio de agua potable como derecho humano, médicos infectólogos y la ONG Fundación Plurales alarmaron sobre mayores riesgos en los sectores más vulnerables.
Según el último censo nacional, más de un millón de personas en Argentina no dispone de agua potable en su vivienda. Esa limitación se acentúa en las comunidades rurales del norte del país y, para los infectólogos Pablo Bonvehi y Martín Hojman, se agravará a partir de la sanción del nuevo Código Civil, que eliminó el acceso a este recurso hídrico como derecho contemplado en la jurisprudencia nacional.
“No tener acceso al agua potable para consumo e higiene personal, cocción de alimentos y para los servicios sanitarios puede generar enfermedades graves como las diarreas agudas, causadas por la bacteria escherichia coli, que si no se atienden de manera correcta y oportuna, ocasionan la muerte del paciente por deshidratación. Y con esta flamante ley, el problema crece”, dijo Bonvehi, jefe de Infectología y Control de Infecciones en CEMIC.