"Para los individuos provenientes de sectores más desfavorecidos, la educación sigue siendo el único camino de acceso a la cultura y esto en todos los niveles de enseñanza" (Pierre Bourdie)
En la década del noventa se debatió en reiteradas oportunidades el posible arancelamiento de las Universidades Públicas; palabras más, palabras menos, la "privatización de la educación superior pública".
La reforma universitaria de 1918 tenía dentro de sus postulados la defensa de la gratuidad de la educación universitaria; algo que surge así mismo de nuestra Constitución Nacional en su art. 75 inc. 19.
Hemos sido testigos de la lucha de jóvenes estudiantes en el país vecino de Chile, para lograr acceder a la educación superior sin tener como barrera de ingreso a la capacidad económica.
En la gran mayoría de las facultades de Derecho, esto se repite en diferentes unidades académica de distintas carreras: han realizado una privatización encubierta, disfrazando el arancelamiento en la creación de especializaciones, actualizaciones y posgrados pagos.
La privatización se lleva a cabo mediante la reforma de los planes de estudios, donde en pos de actualizarlos se quitan contenidos y al ser interpelados sobre la importancia de los mismos se suele contestar "eso es para un posgrado".
Miles de jóvenes profesionales obtienen su título con importante recorte de contenidos, en un mundo profesional cada vez más exigente y competitivo.
El gran miedo de las Universidades Públicas pasa por retener la matrícula, pues "la competencia" son las Universidades Privadas y en especial aquellas que ofrecen la modalidad a distancia, donde se suele oír a los alumnos decir que tienen menos exigencia académica.
Para hacer mas tentadora la oferta académica se suele renombrar materias, recortar contenidos, cuando no bajar la exigencia al momento de acreditar la asignatura.
El acceso a los posgrados (especializaciones, actualizaciones y cursos), a diferencia del Doctorado (máximo nivel académico que otorgan usualmente las universidades salvo cursos pos doc) que apunta directamente a lo científico, está prácticamente privatizado; estos son sobre contenidos específicos en una determinada área.
Al solo efecto de ilustrar, una especialización en alguna rama del Derecho en una Universidad Pública ronda entre los 8 mil y 30 mil pesos, sin contar gastos de traslado, hotel, material, etc.
Piénsese que muy difícilmente un joven recién egresado pueda acceder a una especialización con montos tan elevados, donde las becas no abundan.
Legalmente las Universidades no tienen prohibido generar sus propios recursos, a pesar de contar con un presupuesto que es sostenido por el Estado Nacional. Pero esto no puede ser óbice para que encubiertamente se privatice la educación superior pública.
La educación se ha transformado en algunos casos en un negocio; porque desde siempre se ha visto como una alternativa válida de superación social el estudiar, fundamentalmente en el caso de estudios universitarios. Aunque años de improvisación han ocasionado la saturación en ciertas profesiones como la abogacía, contador, psicólogos, entre otros, y la falta de ingenieros.
El recorte desmesurado de contenidos para pasarlos a los posgrados se convierte también en una estafa académica, pues legítimamente el profesional recién recibido debe creer que está en condiciones de ejercer, algo que luego la practica desmiente.
Esta estafa académica se refleja incluso cuando se baja la excelencia y exigencia, siempre en pos de mantener la matricula. En esto han colaborado las modalidades a distancia tan discutidas dentro de los claustros académicos como en las asociaciones profesionales.
Algo que al menos desde la teoría debería controlar la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) para evitar situaciones inequitativas.
Soy un defensor acérrimo de la educación pública, convencido que la misma se defiende desde la cátedra dando clases, relegando incluso derechos como el de huelga. Al ser profesional recibido en la Universidad Pública y que hoy me toca ser docente en la educación superior universitaria pública siento que debemos alertar sobre esta situación.
Estar a favor de la educación universitaria pública no implica en lo absoluto estar en contra de la educación privada; al contrario, ambas prestan un servicio esencial para el desarrollo de la ciencia y del país.
Del Blog de Jesús Penayo Amaya
Fuente: El Entrerrios
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